Por primera vez en nuestra historia, la ciudadanía elegirá directamente a las personas que integrarán el Poder Judicial de la Federación. Juezas, jueces, magistradas, ministros. No es una elección más: es una decisión sobre cómo queremos que se juzguen nuestros derechos.
Mucho se ha dicho sobre la reforma judicial. Para quienes llevamos años en el Poder Judicial, al principio se sintió como un golpe seco. Carreras en pausa, proyectos truncos, anhelos suspendidos. Pero también —seamos sinceros— sabíamos que la casa no estaba en orden. No hacía falta una encuesta para ver que había personas que llegaron por amiguismo, influyentismo o nepotismo. Y aunque no son vicios exclusivos del Poder Judicial, sí son vicios que no se enfrentaron desde dentro.
La falta de profesionalismo, casos de corrupción, decisiones arbitrarias: todo eso existe, y duele. Duele porque opaca el trabajo de miles de personas que se sacrifican día a día por construir un sistema de justicia fuerte y digno para todas las personas.
Hoy la discusión ya no es si la reforma fue buena o mala. El hecho es que el modelo cambió. Vamos a elegir —con voto directo— a quienes decidirán sobre lo más delicado que tenemos: nuestros derechos. El reto es enorme: elegir personas que juzgarán en materia civil, penal, electoral, laboral, administrativa. Y tenemos muy poco tiempo para conocerlas.
¿Estamos preparados? ¿Sabemos qué buscar en una persona juzgadora? ¿Qué significa ser una buena jueza o un buen juez? ¿Tener doctorados, estar cerca del pueblo, o simplemente tener sentido común y sensibilidad social?
Queremos justicia que transforme. No bastan sentencias cortas, con lenguaje ciudadano, si no resuelven de fondo. Si carecen de enfoque de género, si ignoran las realidades estructurales, si no entienden lo que es juzgar con perspectiva social. Necesitamos juzgadoras y juzgadores con capacidad técnica, sí, pero también con conciencia social y responsabilidad histórica. Personas que entiendan que la toga no es un escudo, sino un compromiso.
Algunas candidaturas no estarán a la altura —y en campañas de TikTok será difícil saberlo—, pero eso no puede ser pretexto para quedarnos al margen. Al contrario: toca organizarnos, preguntar, contrastar, exigir. Sus redes sociales están abiertas. Sus perfiles están publicados. Usemos esos espacios no solo para ver videos, sino para cuestionar. Para preguntar cómo piensan ejercer su función. Para pedir compromisos claros con los derechos, la ley y la Constitución.
La reforma fue, en muchos sentidos, respuesta a una indignación legítima. Pero no puede quedarse ahí. En palabras de Stéphane Hessel: la indignación debe convertirse en compromiso.
Esta elección judicial no puede ser un trámite, tiene que ser una oportunidad histórica. Lo que está en juego no es solo la integración de un tribunal sino el tipo de país que queremos construir. Uno donde la justicia no se sienta lejana, cara o incomprensible. Uno donde quienes juzgan entiendan que su deber no es dictar sentencias bonitas, sino garantizar derechos, transformar realidades y proteger la dignidad humana.
El reto es grande. Somos una sociedad mucho más grande que ese reto. Involucrémonos y participemos. Hagamos que esta elección sea un parteaguas y no una simulación, porque si las personas juzgadoras van a decidir sobre nuestras vidas, no podemos quedarnos fuera de esa decisión.
